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20 de noviembre de 2013

El gobierno nos pone el bozal






El anteproyecto de ley de seguridad ciudadana con la que Rajoy supuestamente pretende velar por la seguridad y la libertad es un claro “ver, oír y callar”, de esos que tu madre te suelta cuando eres pequeño mientras los mayores están hablando.

Esta nueva ley no es más que otro intento del gobierno por reprimir y coartar a la sociedad de sus libertades democráticas.

Ante los ladridos de una ciudadanía cabreada por despidos, bajada de sueldo, atropello de lo público, una Familia Real ladrona, corruptelas políticas, una ley electoral de risa, una justicia de broma e infinidad de asuntos más, Rajoy ha decidido echar mano del bozal.

La calle es de la policía y del gobierno señores, no de la ciudadanía, no se equivoquen. El orden y la disciplina deben reinar en nuestro país en pro de la marca España. 
Así lo quiere el ministro de Interior: Jorge Fernández Díaz, que para tal fin ha diseñado multas disuasorias para amansar a las fieras, convirtiendo conductas tipificadas en el código penal como faltas en infracciones administrativas graves.

Si haces un escrache al político corrupto de turno, aflojas 600000, qué encima te plantas un gorrito por ser noviembre 30000 más, qué grabas cómo antidisturbios  te tiran pelotas a la cabeza en una manifestación y te dejan tuerto: otros 600000 por ir de listillo y si te enfadas con él un poquito y te acuerdas de sus antepasados: 30000 más. No se os ocurra tampoco concentraros frente a las instituciones del Estado, estará criminalizado en menos que canta un gallo.

A la derecha no le gustan las formas de protesta ciudadana  surgidas a raíz del 15M y mucho menos su difusión. Como alternativa proponen manifestarse de forma silenciosa, sentaditos en el sofá para no hacer ruido, en lugar de #TomalaCalle, el lema de protesta será: #TomatuCasa.

Dios quiera (y no esté de parte del gobierno del PP) que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, como en su momento la 'ley Corcuera' (la norma socialista que el Ejecutivo está modificando y que data de 1992) también sea tumbada por el Tribunal Constitucional.

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