Día de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948 se firmaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 65 años después, esta fecha sigue sirviendo para conmemorar la lucha por la dignidad de las personas que garantizan aquellos derechos. Ana Gómez Pérez es miembro de Amnistía Internacional, donde trabaja cada día con la firme convicción de que la actividad de la organización pueda conseguir que esos derechos sean una realidad en todo el mundo.

Ana, que es una joven minúscula en dimensiones, pero contundente en su compromiso con esta causa, nos destaca, entre los logros que este año se han logrado, la firma por unanimidad del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Aunque es crítica y admite que no es la panacea, piensa que al menos permitirá que los intercambios de armas no se produzcan cuando se crea que va a haber una violación de derechos humanos en esos países, al tiempo que obliga a los gobiernos a evaluar el riesgo de que se produzcan crímenes de guerra, de lesa humanidad e incluso genocidio, derivados del uso de la venta de su armamento.

En relación a la situación en España, Amnistía tiene abiertos varios frentes de lucha. Ana comenta que se han realizado muchos esfuerzos por parte de la organización para que el Gobiernos reconsidere su política de austeridad. Nos preocupan especialmente los retrocesos en sanidad, vivienda, pero también la represión policial, la futura ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal- recalca. Junto con Green Peace e Intermon Oxfam, el pasado 30 de noviembre entregaron 10 mil firmas para que las políticas de recortes se abandonen, al tiempo que ofrecieron un decálogo que incluía una serie de alternativas para superar la crisis. Finalmente lograron mantener una reunión en Presidencia con Jorge Moragas. La respuesta del Gobierno en este sentido – nos indica Ana - es que valoraban positivamente la reunión y se han comprometido a estudiar y avanzar en algunos de los temas que les hemos planteado. Por ejemplo, a revisar la legislación sobre desalojos, para que se realice de acuerdo con la legislación internacional. Además el ejecutivo se ha mostrado favorable a impulsar una economía verde y eliminar las trabas a las energías renovables, y a avanzar en el apoyo a una tasa a las transacciones financieras. Por otro lado, quieren que haya un diálogo con la sociedad civil antes de hacer cambios legislativos. Más tarde pediremos otra reunión para evaluar si efectivamente se han producido avances en estos compromisos – explica.

Ana nos informa de que otro de los problemas que más preocupa es la situación de los centros de internamiento de inmigrantes (CIE´s). Amnistía, en colaboración con Médicos del Mundo, Andalucía Acoge y otras organizaciones, acaba de entregar otras 10 mil firmas para que se frene el internamiento indiscriminado de inmigrantes como política de control migratorio. A pesar de las declaraciones que hacen las autoridades indicando que solamente se interna a inmigrantes con antecedentes penales, hemos visto que esto no es así – remarca - Las cifras de internados son muy altas, y además son lugares en los que puede haber violaciones de derechos humanos. Por eso se pide que se incorpore su modelo de funcionamiento en el reglamento que las regula. La activista comenta que Pueblos Unidos dice que sólo un tercio de los internados con los que han tenido contacto tenía condenas penales, pero no se dan cuentas públicas, ni hay ningún control. Además – nos recuerda - están estudiando medidas a adoptar en relación a la muerte de un ciudadano armenio que acaba de producirse en uno de estos centros, en circunstancias que no han sido debidamente aclaradas.

A pesar de esta trágica noticia, se siente satisfecha por algunos de los avances que se están realizando en relación a las víctimas del franquismo. Ana nos explica cómo el Comité de Desapariciones Forzadas - tras una reunión que hubo en Ginebra en la que participaba el Gobierno español - ha publicado un informe, que recoge buena parte de las peticiones de Amnistía. En el texto se exhortaba a España a investigar todos los casos de desapariciones forzadas, independientemente del tiempo transcurrido y aunque no se haya presentado denuncia alguna. Se entiende que alude claramente a las desapariciones producidas durante el Franquismo – según nos comenta. También se pide que se eliminen los obstáculos a la investigación, a la solicitud de extradiciones y al esclarecimiento de los hechos. En qué se concretará la acción por parte del Gobierno está por ver, pero Ana considera que deja en cuestión la ley de amnistía que pretendía obviar estos crímenes.

Por último, Ana nos contesta también con decisión cuando se le pregunta por la polémica suscitada a través de las redes sociales, por unas declaraciones de la presidenta de la AVT, que acusaba a Amnistía de posicionarse a favor de los terroristas de ETA y de no defender a las víctimas, ni apoyar la Doctrina Parot. Nuestra organización condena todo tipo de violaciones de derechos humanos y condena los asesinatos por parte de ETA – dice sin titubeos - Sobre la doctrina Parot nos hemos pronunciado solamente en la medida de que el Tribunal de Estrasburgo ha aprobado una sentencia que hay que cumplir, ya que su jurisdicción vincula a España en materia de derechos humanos. Y con respecto a la acusación de que no calificamos a ETA como grupo terrorista, he de decir que Amnistía basa su posición en el Derecho Internacional y que actualmente no existe una definición de grupo terrorista porque no se ha llegado a un consenso sobre el concepto de terrorismo. Lo que Ana sí reconoce es que se trata de una laguna importante que convendría poder salvar, pero que es un tema complejo que carece de respuestas por ahora.

@ardeipalatnac