El
10 de diciembre de 1948 se firmaba la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. 65 años después,
esta fecha sigue sirviendo para conmemorar la lucha por la dignidad
de las personas que garantizan aquellos derechos. Ana Gómez
Pérez es miembro de Amnistía Internacional, donde
trabaja cada día con la firme convicción de que la
actividad de la organización pueda conseguir que esos derechos
sean una realidad en todo el mundo.
Ana,
que es una joven
minúscula en dimensiones, pero contundente en su compromiso
con esta causa, nos destaca, entre los logros que este año se
han logrado,
la firma por unanimidad del Tratado Internacional sobre el Comercio
de Armas. Aunque es crítica y admite que no es la panacea,
piensa que al menos permitirá que los intercambios de armas no
se produzcan cuando se crea que va a haber una violación de
derechos humanos en esos países, al tiempo que obliga a los
gobiernos a evaluar el riesgo de que se produzcan crímenes de
guerra, de lesa humanidad e incluso genocidio, derivados del uso de
la venta de su armamento.
En
relación a la situación en España, Amnistía
tiene abiertos varios frentes de lucha. Ana comenta que se han
realizado muchos esfuerzos por parte de la organización para
que el Gobiernos reconsidere su política de austeridad. Nos
preocupan especialmente los retrocesos en sanidad, vivienda, pero
también la represión policial, la futura ley de
seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal- recalca.
Junto con Green Peace e Intermon Oxfam, el pasado 30 de noviembre
entregaron 10 mil firmas para que las políticas de recortes se
abandonen, al tiempo que ofrecieron un decálogo que incluía
una serie de alternativas para superar la crisis. Finalmente lograron
mantener una reunión en Presidencia con Jorge Moragas. La
respuesta del Gobierno en este sentido – nos indica Ana - es que
valoraban positivamente la reunión y se han comprometido a
estudiar y avanzar en algunos de los temas que les hemos planteado.
Por ejemplo, a revisar la legislación sobre desalojos, para
que se realice de acuerdo con la legislación internacional.
Además el ejecutivo se ha mostrado favorable a impulsar una
economía verde y eliminar las trabas a las energías
renovables, y a avanzar en el apoyo a una tasa a las transacciones
financieras. Por otro lado, quieren que haya un diálogo con la
sociedad civil antes de hacer cambios legislativos. Más tarde
pediremos otra reunión para evaluar si efectivamente se han
producido avances en estos compromisos – explica.
Ana
nos informa de que otro de los problemas que más preocupa es
la situación de los centros de internamiento de inmigrantes
(CIE´s). Amnistía, en colaboración con Médicos
del Mundo, Andalucía Acoge y otras organizaciones, acaba de
entregar otras 10 mil firmas para que se frene el internamiento
indiscriminado de inmigrantes como política de control
migratorio. A pesar de las declaraciones que hacen las autoridades
indicando que solamente se interna a inmigrantes con antecedentes
penales, hemos visto que esto no es así – remarca - Las
cifras de internados son muy altas, y además son lugares en
los que puede haber violaciones de derechos humanos. Por eso se pide
que se incorpore su modelo de funcionamiento en el reglamento que las
regula. La activista comenta que Pueblos Unidos dice que sólo un tercio de los internados con los que han tenido contacto tenía
condenas penales, pero no se dan cuentas públicas, ni hay
ningún control. Además – nos recuerda - están
estudiando medidas a adoptar en relación a la muerte de un
ciudadano armenio que acaba de producirse en uno de estos centros, en
circunstancias que no han sido debidamente aclaradas.
A
pesar de esta trágica noticia, se siente satisfecha por algunos de los
avances que se están realizando en relación a las
víctimas del franquismo. Ana nos explica cómo el Comité
de Desapariciones Forzadas - tras una reunión que hubo en
Ginebra en la que participaba el Gobierno español - ha
publicado un informe, que recoge buena parte de las peticiones de
Amnistía. En el texto se exhortaba a España a
investigar todos los casos de desapariciones forzadas,
independientemente del tiempo transcurrido y aunque no se haya
presentado denuncia alguna. Se entiende que alude claramente a las
desapariciones producidas durante el Franquismo – según nos
comenta. También se pide que se eliminen los obstáculos
a la investigación, a la solicitud de extradiciones y al
esclarecimiento de los hechos. En qué se concretará la
acción por parte del Gobierno está por ver, pero Ana
considera que deja en cuestión la ley de amnistía que
pretendía obviar estos crímenes.
Por
último, Ana nos contesta también con decisión
cuando se le pregunta por la polémica suscitada a través
de las redes sociales, por unas declaraciones de la presidenta de la
AVT, que acusaba a Amnistía de posicionarse a favor de los
terroristas de ETA y de no defender a las víctimas, ni apoyar
la Doctrina Parot. Nuestra organización condena todo tipo de
violaciones de derechos humanos y condena los asesinatos por parte de
ETA – dice sin titubeos - Sobre la doctrina Parot nos hemos
pronunciado solamente en la medida de que el Tribunal de Estrasburgo
ha aprobado una sentencia que hay que cumplir, ya que su jurisdicción
vincula a España en materia de derechos humanos. Y con
respecto a la acusación de que no calificamos a ETA como grupo
terrorista, he de decir que Amnistía basa su posición
en el Derecho Internacional y que actualmente no existe una
definición de grupo terrorista porque no se ha llegado a un
consenso sobre el concepto de terrorismo. Lo que Ana sí
reconoce es que se trata de una laguna importante que convendría
poder salvar, pero que es un tema complejo que carece de respuestas
por ahora.
@ardeipalatnac
